El Gobierno fueguino presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal contra la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación que dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia.
La demanda solicita el cese inmediato de la medida y la restitución plena del dominio y la administración a la Provincia.
El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur interpuso una acción judicial de inconstitucionalidad contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), con el objetivo de dejar sin efecto la intervención del Puerto de Ushuaia.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal por el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, junto a su equipo, y cuestiona la Resolución RESOL-2026-4-APN-ANPYN#MECON, al considerar que vulnera la autonomía provincial y el régimen federal vigente.
Según se detalla en la demanda, la intervención se concretó la noche del 20 de enero de 2026, cuando funcionarios nacionales notificaron la medida y tomaron posesión de las instalaciones portuarias, desplazando a las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
Entre los principales argumentos, la Provincia sostiene que la decisión constituye una “intervención federal encubierta”, ya que no fue dispuesta mediante una ley del Congreso, como exige la Constitución Nacional. Asimismo, invoca el Convenio de transferencia de puertos Nación–Provincia de 1992, ratificado por ley, mediante el cual se transfirió a título gratuito el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia a la órbita provincial.
Otro de los puntos centrales del planteo judicial refiere a la centralización de la facturación de servicios portuarios por parte de la ANPyN, que habría dispuesto el depósito de los fondos en una cuenta nacional. Según el Gobierno fueguino, esto implica la sustracción de recursos provinciales del circuito presupuestario local y afecta el control del Tribunal de Cuentas, además de poner en riesgo puestos de trabajo.
También se argumenta un exceso y desviación de poder, al entender que el organismo nacional habría excedido las facultades de control previstas en la Ley de Puertos (N° 24.093) para asumir funciones de administración directa.
En ese marco, la Provincia solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la resolución y el cese inmediato y definitivo de toda intervención nacional, así como la restitución plena del dominio, la administración, la explotación y la percepción de recursos. Además, pidió una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la intervención mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Desde la Secretaría Legal señalaron que la acción judicial trasciende el caso puntual del Puerto de Ushuaia y se enmarca en la defensa del sistema federal y de las competencias provinciales establecidas por la Constitución.
