Desde el Gobierno provincial advirtieron sobre la gravedad institucional y jurídica de una frase publicada por un medio británico y reclamaron una ratificación explícita de la histórica posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su preocupación por declaraciones atribuidas al Presidente de la Nación en una entrevista publicada el 29 de diciembre por el diario británico The Telegraph, en la que se afirma que las Islas Malvinas “deberían volver a la Argentina sólo a través de la negociación y cuando los isleños así lo deseen”.
Desde la Provincia, que ejerce jurisdicción sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, se apeló a la buena fe y se consideró que la afirmación podría no ser veraz o haber sido incorrectamente presentada, dado el impacto que tendría en términos institucionales y jurídicos.
En ese sentido, se remarcó que de confirmarse esos dichos se estaría desconociendo más de sesenta años de construcción jurídica, diplomática y política de la República Argentina, cuyo eje central es la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en 1965. Dicha resolución reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y estableció que la solución debe alcanzarse mediante negociaciones entre Estados, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas, pero no sus deseos.
Desde el Ejecutivo fueguino se subrayó que esta diferencia no es meramente semántica, sino jurídica y sustancial, ya que el principio de libre determinación no resulta aplicable a una población implantada como consecuencia de un acto colonial ocurrido en 1833.
Asimismo, se recordó que la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional consagra el reclamo de soberanía sobre las islas y establece que su recuperación debe realizarse respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, sin reconocerles titularidad soberana. Sostener una posición contraria implicaría una contradicción con el texto constitucional y con la política de Estado sostenida de manera ininterrumpida por gobiernos de distinto signo político.
El Gobierno provincial advirtió además que los dichos públicos de un Jefe de Estado tienen efectos jurídicos en el plano internacional y pueden comprometer la posición del país, por lo que consideró imprescindible una aclaración oficial por parte del Gobierno nacional.
Finalmente, desde Tierra del Fuego se reafirmó el compromiso indeclinable con la Cuestión Malvinas como política de Estado, basada en el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y el objetivo de poner fin al colonialismo. En ese marco, se solicitó de manera urgente que se ratifique sin ambigüedades la histórica posición argentina y se preserve la solidez jurídica del reclamo soberano, al tratarse de una causa nacional que compromete a toda la sociedad.
