La reciente Ley de Acuicultura posiciona a Tierra del Fuego en un camino de crecimiento productivo responsable, con generación de empleo local, fuerte respaldo científico y altos estándares ambientales, consolidando una política de Estado que amplía la matriz productiva sin comprometer el patrimonio natural.

En ese marco, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Diego Marzioni, detalló los principales ejes de la normativa y remarcó que “la acuicultura fueguina no es un riesgo: es una oportunidad de desarrollo sostenible, trazable y bajo control público”. En ese sentido, subrayó que Tierra del Fuego no renuncia a sus recursos naturales, sino que los transforma “en conocimiento, empleo y valor agregado local”, sintetizando el modelo en una premisa clara: producir cuidando el mar y los recursos hídricos.
El funcionario explicó que la ley tiene como objetivo central fortalecer la economía provincial de manera ordenada, promoviendo más empleo calificado, inversión privada bajo reglas claras y mayor valor agregado dentro del territorio fueguino. “El futuro de la provincia se cultiva en equilibrio entre ciencia, producción y ambiente”, afirmó.
En relación con el cuidado ambiental, Marzioni fue categórico al señalar que la norma no flexibiliza controles, sino que los refuerza. La legislación incorpora herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y establece la Evaluación de Impacto Ambiental obligatoria para cada proyecto. “Cada iniciativa deberá pasar por evaluación, trazabilidad y participación ciudadana: desarrollo sí, pero siempre con control”, sostuvo.
Asimismo, aclaró un punto clave del debate público al reafirmar que la ley mantiene expresamente la prohibición de la salmonicultura industrial en el Canal Beagle, y que el nuevo marco normativo se apoya en un modelo sostenible, con base científica y local.
Finalmente, el subsecretario remarcó que “el desarrollo sostenible no es enemigo del ambiente: es la única forma real de protegerlo con inclusión y futuro”, y aseguró que la acuicultura fueguina representa una política de Estado moderna, orientada a crecer sin destruir, innovar sin contaminar y generar trabajo sin perder identidad, reafirmando el compromiso ambiental y productivo de la provincia.




